Paso a paso, cómo se gestó el canje de deuda que le ahorrará U$S47.300 millones a la Argentina

El Gobierno anunció este lunes que la reestructuración fue casi total y que el 93,5% de los acreedores aceptaron la última oferta de pago. El FMI, el próximo objetivo.

Siete meses después de haber presentado en sociedad la hoja de ruta de la negociación de la deuda, el ministro Martín Guzmán pudo anunciar públicamente que el canje de deuda que persiguió en intensas negociaciones con los acreedores había sido casi total.

El cronograma original que planteó el jefe del Palacio de Hacienda era muy ambicioso y preveía completar el proceso a fines de marzo. Pero la aparición de la pandemia trastocó la agenda económica del Gobierno, hizo más lentos los contactos con los bonistas y el proceso se volvió más largo.

Guzmán se largó a la negociación con una carta inicial en la mano: la declaración del FMI de que la deuda soberana argentina era insostenible. Esto implicó un mensaje fuerte para los acreedores, ya que el organismo “blanqueaba” después de dos años de relación financiera con el país que los pasivos del Estado necesitaban una reestructuración con fuertes quitas.

El tira y afloje con los acreedores -que se organizaron en comités para lograr mayor fuerza en la negociación- forzó a las dos partes a ceder en sus pretensiones. Así, mientras el Gobierno partió desde una oferta con un valor poco menor a los 40 dólares por cada 100 de deuda, los bonistas más duros pidieron un canje a valor de 70 dólares.

Finalmente, luego de cinco propuestas, el Ejecutivo y los bonistas llegaron a un punto de acuerdo en torno a los 54,8 dólares. Esto representó un “esfuerzo” adicional de pago por parte del Estado de unos U$S15.000 millones en las próximas décadas.

En simultáneo, el Palacio de Hacienda lleva adelante en estos días el canje de deuda emitida bajo ley local. Se intercambiarán los mismos bonos que en la negociación con los acreedores extranjeros, pero que están regidos por la legislación argentina. Este martes 1° de septiembre terminará una primera parte de la operación, con la que el Gobierno podría ahorrarse otros U$S15.000 millones de pagos a tenedores locales.

Febrero: primer apoyo del FMI

Tras mantener distintos encuentros luego del traspaso de mando en diciembre, el ministro Martín Guzmán consiguió que el FMI dé un primer mensaje a los bonistas: la deuda argentina es “insostenible” y necesitará una reestructuración que incluya quitas y plazos de gracia.

En ese sentido, el Fondo dijo en ese momento que se requería de “una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad”.

El cronograma de renegociación de la deuda pensada en un primer momento por Guzmán era ambiciosa: buscaba arrancar el diálogo en febrero y tener resuelto hacia fines de marzo al menos una primera etapa de negociaciones y una oferta formal, pero el coronavirus demoró la agenda.

Marzo: conversaciones iniciales

Finalmente a mediados de marzo, en reserva, el Ministerio de Economía tomó los primeros contactos oficiales con ejecutivos de fondos de inversión y recogió propuestas de canje de los acreedores para tener una primera aproximación a sus pretensiones.

La pandemia, mientras tanto, volteó todas las expectativas económicas argentinas y mundiales. El FMI estimó que provocaría la crisis mundial más fuerte en casi 100 años. La actividad argentina, que ya arrastraba dos años de recesión y una década de estancamiento, pasó a tener incluso peores perspectivas.

La solución del problema de la deuda pasó de ser la prioridad número uno de la agenda económica a compartir relevancia con las medidas de emergencia que tuvo que tomar el Gobierno para afrontar y mitigar el impacto del COVID-19.

Abril: lanzamiento de la oferta oficial

El 17 de abril, tras algunas semanas de negociación, el Gobierno lanzó públicamente con un amplio respaldo político interno la primera oferta de reestructuración. Se trató de diez bonos -en dólares y en euros- con vencimiento desde 2030 hasta 2047.

La propuesta incluyó un plazo de gracia sin realizar pagos de tres años y una quita de intereses de 62%. La oferta tuvo una etapa de negociación de 20 días que fue extendido hasta finales de mayo, cuando el Gobierno afrontó su primer evento de impago de la deuda bajo ley extranjera.

El rechazo de los bonistas a la primera oferta -que rondaba los 40 dólares por cada 100 de deuda- fue unánime. Los fondos consideraron que se trató de una propuesta inconsulta e invitaron al Gobierno a “abandonar el camino unilateral y comenzar una verdadera negociación”.

Mayo: rechazo de bonistas y nueva oferta

Con un nivel de aceptación bajo de la oferta, que no alcanzó el 20% según fuentes extraoficiales, el Gobierno se vio en la necesidad de rehacer la propuesta con una mejora económica.

Los acreedores, a su vez, se movieron para realizar contraofertas. De todas formas, su pretensión aún estaba lejos de lo que había ofrecido la Nación: exigían más de 60 dólares por cada 100 para dar su respaldo. El 22 de mayo el país entró en el octavo default de su historia.

A fines de mayo el Palacio de Hacienda publicó una segunda oferta. El valor de la propuesta pasó de los 40 dólares por cada 100 a 47 dólares. El FMI apoyó la medida y consideró que no había más margen para mejorar económicamente la propuesta.

Junio: aparecen diferencias en la letra chica

A esta altura y al mismo tiempo que el Gobierno cedía miles de millones de dólares para realizar una segunda oferta, los bonistas achicaban sus pretensiones y las dos puntas se acercaban.

Además de las distancias económicas, comenzaron a surgir las diferencias legales. El eje de la discusión rondó una de las cláusulas del canje, que los bonistas consideraron que implicaban una menor protección legal para los inversores en el futuro.

A mediados de junio, Guzmán activó una tercera propuesta de renegociación. En términos generales, el valor de la oferta fue de 50 dólares, con un menor plazo de gracia, mejores cupones y menos quitas de interés.

Julio: Blackrock gana poder

Blackrock se afirmó como el principal fondo de inversión que se mantenía reticente a aceptar las mejoras en la oferta y presionó por más. Un grupo de acreedores relevantes ya habían llegado a un acuerdo informal con el Gobierno.

El Palacio de Hacienda lanzó el 5 de julio la cuarta propuesta de pago. Tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández se encargaron de aclarar en todo momento que se trataba del “último esfuerzo” que podía hacer el país para mejorar económicamente su oferta. El FMI apoyó el nuevo ofrecimiento.

El comité de bonistas, además, sumó fuerzas y logró bloquear un eventual canje minoritario. Además, Blackrock y compañía realizaron una nueva contraoferta. El Gobierno mantuvo hasta último momento la expectativa sobre mantener la negociación en marcha o pasar a una nueva etapa de conversaciones con el FMI, con el que el Ejecutivo buscará reprogramar la devolución de U$S45.000 millones.

Agosto: golpe en la mesa y acercamiento final

El Gobierno inició el mes con una declaración fuerte: sin acuerdo y con Blackrock ganando más poder, amenazó con retirarse de la mesa de negociación y dejar el canje con los tenedores privados para 2021 una vez que hubiera terminado la reestructuración del préstamo con el FMI.

El plazo límite para la aceptación de la oferta era el 4 de agosto y, sobre la hora, ambas partes consiguieron un acercamiento que los puso en zona de acuerdo. El principio de consenso implica que la tasa de interés de esos títulos públicos se recortará desde 7% a 3,7%.

El canje de deuda incluye la emisión de diez nuevos bonos en lugar de los títulos a reestructurar. Tendrán fechas de vencimiento entre 2030 y 2046, cinco en dólares y cinco en euros. El ahorro en el pago a los acreedores para los próximos años se calcula en U$S42.500 millones.

Pero solo considerando los cuatro años de mandato de Alberto Fernández, entre el canje local y el extranjero representará un ahorro para el Estado de unos U$S47.300 millones, de acuerdo a datos oficiales.